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Baltasar Garzón participa en el Congreso sobre "Responsabilidad Penal Corporativa" celebrado en Moscú

27.12.2018

Baltasar Garzón participa en el Congreso sobre "Responsabilidad Penal Corporativa" celebrado en Moscú

El pasado 12 de diciembre, en Moscú (Rusia) tuvo lugar un congreso sobre “Responsabilidad Penal Corporativa” en la que Baltasar Garzón participó como invitado especial contestando a diferentes preguntas sobre el significado de ser juez, la situación de España y sobre cómo ha cambiado su visión del sistema judicial tras convertirse en abogado, entre otros temas.  

Acudieron representantes del Ministerio del Interior de la Federación Rusa, del Comité de Investigación ruso, la Oficina del Fiscal General de la Federación Rusa, empresas procedentes de todas partes del mundo, defensores de los Derechos Humanos y jefes de departamentos jurídicos de empresas rusas e internacionales.

Durante el Congreso, se discutieron temas relacionados con la ley penal económica como la liberalización de la justicia penal, los problemas de extradición o estrategia de protección de los gerentes principales.

A continuación, rescatamos algunos fragmentos y preguntas de dicha entrevista:  

“La expansión del derecho penal en Rusia es en parte lógica”
Entendemos que el derecho penal es una ley mínima, se basa en la participación del Estado y en una intervención mínima. Y si el derecho penal prevalece, significa que otros mecanismos funcionan mal o no funcionan en absoluto. Lo que pasaba en la URSS fue muy similar a lo que pasaba en España durante la época de Franco. Pero en nuestro país no hubo cambio del sistema económico. En Rusia transcurrieron los procesos para los cuales las instituciones sociales simplemente no estaban preparadas. La transición de un sistema totalitario a una economía libre es un cambio serio de paradigma.

Comencé a practicar derecho alrededor de 1978, cuando apareció la Constitución Española, y como resultado, pude rastrear toda la trayectoria que el sistema judicial pasó desde la dictadura hasta la democracia. Dentro del sistema, siempre parece que todo cambia lentamente, pero los cambios fueron radicales.

Cuando hablamos de Rusia, hay un entendimiento de que durante el período de transición no hubo control y no estaba claro de dónde provenían ciertas personas con determinadas riquezas. Esto provoca sospecha y un mayor interés en los inversores rusos. Precisamente, se recurre el Código Penal, por el hecho de que no se puede explicar ciertas cosas. En Europa, la situación es más avanzada, tenemos todas las herramientas necesarias para identificar a las personas, su capital y las conexiones entre sus negocios. Ahora de nuevo, estamos en un punto de inflexión en el que toda la información nueva se hace pública en el mundo. Un aumento de la corrupción en muchos países, hace que la sociedad y la opinión pública requieran medidas más contundentes. Aquí, también, entra en juego el derecho penal. No puedo decir que estoy de acuerdo con esto, pero es una realidad.

En España, el derecho penal, al principio, se decantaba por el principio inquisitorio. La situación ha ido cambiando con la introducción de la figura de Juez de Instrucción, que equilibró el proceso. Dicha figura,  ha recibido tantas críticas como elogios. En gran medida, ello dependía de si el juez se posicionaba a favor o en contra de determinadas fuerzas políticas.

“España necesita doblar el número de jueces”
Tanto en España como en Rusia los jueces están sobrecargados. Esto se traduce en que existan dilaciones procesales. A pesar de esta carga de trabajo, los jueces no emiten decisiones mecanizadas. La excepción la tendrían los delitos comunes leves: los que causan el mayor daño a la sociedad, hay muchos y las decisiones en relación a los mismos, frecuentemente son mecanizadas y afectan negativamente a la democracia y a la sociedad.

Ahora hay 100.000 jueces para 46 millones de habitantes del país, este número debería duplicarse para garantizar la protección legal de los ciudadanos y eliminar las demoras. Como regla general, en primera instancia la decisión se toma en plazo de un año, se necesita otro año para la apelación y la casación. Los principales problemas pueden surgir en la investigación preliminar y las medidas de investigación. Pero aquí la situación depende, en gran medida, de cómo el juez dirige la investigación y qué mecanismos están a su alcance.

Cuando me encargaba de los casos y comenzaba las investigaciones, estudiaba todos los elementos del caso para de inmediato dar instrucciones a las autoridades investigadoras. Si se trataba de asuntos internacionales, llamaba a mis compañeros jueces de Francia, Rusia, Estados Unidos. A veces, incluso me reunía con los abogados y les decía: "caballeros, su cliente está en prisión, denme todo el material, simplifíquenme mi trabajo y trataré de tomar una decisión lo antes posible". Se trataba de un enfoque informal, pero dentro de la ley.

En España, la presencia del acusado o de su abogado defensor, es necesaria en la dicción del fallo de la sentencia, porque deben tener contacto visual con el juez. Muchos jueces, se escudan con gran carga y transfieren estas responsabilidades a los secretarios judiciales. Como resultado, los jueces tienen una visión sobre una realidad formal, separada de la realidad. Creo que es el contacto con las personas lo que permite tomar decisiones necesarias y rápidas. Y con un enfoque formal, la investigación se retrasa.

“Se elevan a un juez al rango de un santo.”
La práctica judicial en España goza de gran prestigio, durante la dictadura el juez fue elevado al rango del Espíritu Santo, esto separó a los jueces de la sociedad. Con la transición a la democracia, el sistema judicial también se democratizó, aunque quedaron algunos ecos de elitismo. Sin embargo, debido a la burocracia, el sistema es muy criticado.

Para llegar a ser juez, se debe pasar tres etapas de exámenes eliminatorios. El último de los tres es necesario tanto para el trabajo de un juez como para el trabajo de un fiscal. Después de aprobar con éxito, los candidatos se capacitan en la escuela de los jueces y pasan otro examen práctico. A continuación, los candidatos se asignan a los tribunales para la práctica judicial, donde tienen estatuto de juez en prácticas. Sólo después de eso, se les destina a un determinado tribunal. Dependiendo de la edad, se puede tener la condición de juez junior o senior. Además, la escala de servicios depende de la duración del servicio, solo a los puestos judiciales más altos los nombramientos se realizan por el Consejo General.

Al mismo tiempo, se conservan los puestos vacantes no solo para los jueces de carrera. Están reservados para abogados con experiencia y profesores universitarios. El salario promedio de un juez con experiencia de unos 20 años es de 4.500€. En la Corte Suprema el sueldo ronda alrededor de 7.000€, pero eso sería para los funcionarios de rango más alto.

“Mi primer caso se refería al robo de una hucha con dinero y una botella de licor de anís.”
Era un pequeño pueblo con 1.000 habitantes aproximadamente. Aquel día, todos estaban asistiendo a un funeral. Mientras tanto, un hombre joven entró en una casa por la ventana y sacó una hucha con dinero y una botella de licor de anís. En algún lugar debajo de un árbol, bebió este licor y allí fue encontrado por los residentes locales al salir del cementerio. Por su delito, se enfrentaba a cuatro años de prisión. Me pareció una pena excesiva. Estuve pensando en cómo reducir su castigo y apliqué una circunstancia atenuante, presumiendo que en el momento en el que entró en la casa, ya estaba borracho. Como resultado, se impuso una pena de dos años, no fue a la cárcel, ya que se traba de su primer delito. Luego se hicieron modificaciones en el Código Penal y se redujo la pena por este tipo de delitos.

¿Cuáles son las limitaciones en la lucha contra el terrorismo? ¿Es posible recurrir a algún método informal e ilegal en un esfuerzo por procesar a los delincuentes? ¿Es bueno o malo matar a un terrorista?
En la década de 1980, algunos altos funcionarios españoles se involucraron en la financiación de métodos ilegales de investigación de actividades terroristas. Muchos apoyaron estos métodos ilegales, incluso los propios jueces. Por aquel entonces, investigar esta financiación era confrontar al propio sistema. Pero entonces, como juez, tuve que decidir entre cumplir la ley o atender las peticiones de los bárbaros. Elegí la primera, y luego estas decisiones se consolidaron y se pusieron en práctica.

El terrorismo, el crimen organizado, solo puede ser combatido por medios legales, requiere voluntad, pero tomar decisiones firmes significa ser un juez. La ley no puede ser aplicada en partes o de manera selectiva. En repetidas ocasiones, me amenazaron con atentar contra mí, quemaron el coche de mi hija cerca de nuestra casa y en otra ocasión dibujaron una esvástica en el coche de mi otra hija.

“Llamada del presidente”.
Una vez trabajé en un asunto contra el tráfico de drogas, se trataba de unos 500 kg de cocaína. Un cubano involucrado en esto fue detenido en España. Cuando comencé a tomar su declaración, se dio cuenta rápidamente de que estaba en una mala posición y aceptó trabajar en la investigación. Cuando declaró, reveló toda una serie de hechos que afectaban a la Casa Rosada en Buenos Aires (la sede del Poder Ejecutivo de la República Argentina, dentro de la que se encuentra el despacho del Presidente de Argentina). Los familiares del entonces presidente Carlos Mene estaban involucrados en el caso: la hermana de su esposa y su esposo presuntamente formaban parte de una organización criminal. El esposo dirigía el servicio de aduanas, sus tareas incluían conseguir equipaje con dólares que volaban desde Nueva York al aeropuerto de Buenos Aires, desde allí se enviaban a Montevideo, Uruguay, y luego a la zona costera.

Un juez de Argentina vino a España para reunir información y continuar trabajando en su país. Le entregué personalmente la orden de detención de la hermana de la esposa de Menem. Después de tres meses, no se produjo ninguna detención. El fiscal argentino me llamó (no daré nombres, ya que todos continúan trabajando) y dijo que la orden de detención se perdió en el fondo del escritorio. El juez fue investigado.
En el juicio, su defensa proporcionó una grabación donde el juez me grabó en una conversación. Intentó provocarme para que dijera que el presidente Menem no tenía nada que ver con lo que estaba sucediendo. Le dije: "El presidente Menem tiene inmunidad diplomática, no puedo hacer nada al respecto, es usted (en Argentina) quien debe investigar".

Una semana más tarde, el Secretario de la Corte Suprema se acercó a mí en un estado extremadamente nervioso y me dijo: "Alguien que se hace llamar Señor Menem, el Presidente de Argentina, le pide una llamada telefónica". De hecho, su secretaria llamó por teléfono y estaba en la línea. Me puse el altavoz y dije: "Dígale al presidente Menem que en España los jueces no hablan con los presidentes, porque eso violaría su independencia". Desde entonces, Menem no es amigo mío.

“La independencia del poder judicial es absoluta.”
Si el juez toma o no toma una decisión, entonces es una cuestión volitiva. Además, la independencia es un deber. En las capas básicas de la estructura judicial de España, el juez se siente independiente. En la parte superior de esta pirámide, los jueces son nombrados de acuerdo con sus puntos de vista políticos y el Consejo General puede intervenir parcialmente, es una cuestión más que dudosa, pero en teoría hay una garantía de independencia aunque por supuesto, existe cierta presión.

Por ejemplo, cuando estuve involucrado en los fondos del Ministerio del Interior español que se utilizaron para operaciones ilegales, entraron en mi casa e instalaron micrófonos. Los medios de comunicación que apoyaron al Gobierno hicieron campaña contra mí. Pero esto es algo común, el juez sabe que es posible. Cuando trabajaba en el caso de Berlusconi y en el caso de Pinochet, había presión. Cuando por casualidad investigué los crímenes económicos del régimen franquista, llegado un punto, fui apartado del caso.

¿Qué no tuvo tiempo de hacer siendo juez?
Hemos terminado de investigar el caso de Berlusconi, pero él era miembro de la Asamblea Europea, por lo tanto gozaba de inmunidad y, después de eso, se convirtió en Presidente. Transferimos los resultados de la investigación a Italia, y allí se siguió nuestra investigación. Sin embargo, el Tribunal Constitucional de España dijo que esta persona goza de inmunidad y el caso fue cerrado. Sentí cierta decepción.

Pero hay una cosa que me gustaría terminar, todo el mundo quiere que lo llevemos a su conclusión lógica, se trata de la investigación de los crímenes del régimen franquista. El Tribunal Supremo puso fin a esta investigación y no permitió que ninguno de los jueces investigara más este asunto. El único país donde se abordó este tema fue Argentina.

“Convertirme en abogado, he cambiado mucho.”
Mi visión del sistema judicial ha cambiado, se ha ampliado. Entendí que el juez favorece más a los fiscales que a los abogados. Rige cierta presunción de culpabilidad. Por supuesto, cabe afirmar que se trata del acusado, a quien alguien se considera culpable. Pero entonces, la presunción en sí misma sería una ficción. Esto podría ser corregido por la institución de un juez de garantía que se ocupara exclusivamente de derechos fundamentales: decidir si se pone en prisión al acusado, o si se decreta el embargo de su propiedad. Esa visión dual haría del sistema menos inquisitivo. Podía garantizar la integridad del negocio y la reducción de su daño en caso de que su director estuviera investigado.

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