Actualidad

La necesidad de Compliance a la vista de los problemas en la aplicación de la Responsabilidad Penal de las personas jurídicas

10.01.2020

La necesidad de Compliance a la vista de los problemas en la aplicación de la Responsabilidad Penal de las personas jurídicas

Tras un exhaustivo análisis jurisprudencial, se considera que aún no existe la claridad y nitidez necesaria respecto del modelo de responsabilidad de las personas jurídicas implantado en el ordenamiento jurídico español.

El Tribunal Supremo en sus resoluciones ha decidido casi simultáneamente abrazar tanto el sistema vicarial como el de autorresponsabilidad. Así, mientras que las SSTS nº 154/2016, de 29 de febrero; nº 221/2016, de 16 de marzo; nº 668/2017, de 11 de octubre; nº 742/2018, de 7 de febrero y nº 445/2017, de 21 de junio, abogan por el modelo de autorresponsabilidad; otras, resoluciones parece apostar por el modelo vicarial. (vid. STS nº 506/2018, de 25 de octubre; y en el mismo sentido: STS 516/2016, de 13 de junio; STS de 123/2019, de 8 de marzo).

¿Cuáles son las consecuencias?

Las consecuencias son tanto dogmáticas como prácticas.

En el ámbito dogmático, la interpretación a favor del modelo de autorresponsabilidad llevada a cabo por el Pleno del Tribunal Supremo, en su STS 154/2016 de fecha 29 de febrero, contradice lo señalado por la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado que, haciendo una interpretación del artículo 31 bis del Código Penal, tras la reforma operada por L.O 1/2015 de 30 de marzo, acoge el SISTEMA VICARIAL, por el cual las personas jurídicas son responsables por hechos ajenos llevados a cabo por las personas físicas.

Por otro lado, y desde el punto de vista práctico, el MODELO DE AUTORRESPONSABILIDAD, por el que la responsabilidad penal de la empresa no es transferida, sino que deriva de la ausencia de instrumentos eficaces que le permitan prevenir y evitar la comisión de conductas delictivas en su seno; presupone la comisión por parte de la empresa de un delito corporativo y la autorresponsabilidad de la propia persona jurídica por no haber adoptado medidas preventivas idóneas. De forma que la ausencia de un sistema de cumplimiento normativo eficaz constituye más un elemento del tipo que una circunstancia atenuante o eximente.

Por consiguiente, en este modelo, parece invertirse la carga de la prueba de forma que será la acusación (y no la defensa) quien tenga que probar la deficitaria organización en la empresa, para que la misma sea condenada.

Otra consecuencia derivada de este modelo es que, dado que la responsabilidad penal de la persona jurídica es distinta a la de la persona física, cabría la posibilidad de que, en términos generales, el procedimiento se dirigiera únicamente contra la persona jurídica, y ello pese a que el artículo 31.ter.1 CP permite dirigir un procedimiento penal únicamente contra una persona jurídica, cuando no haya sido posible individualizar a ninguna persona física presuntamente responsable.
Por su parte, en el MODELO VICARIAL, se imputa a la empresa el mismo delito que se imputa a la persona física siempre dentro del catálogo de los delitos previstos en el artículo 31 bis CP – de forma que a la persona jurídica no se le imputa un delito específico. Con este modelo parece que renace la responsabilidad objetiva en detrimento del principio de culpabilidad; siendo, en todo caso, relevante la existencia de un modelo de cumplimiento normativo eficaz ya sea como atenuante y/o eximente.

Ante este escenario, el Tribunal Supremo ha señalado recientemente en su STS 123/2019 de 8 de marzo que “ya se opte por un modelo de responsabilidad por el hecho propio, ya por una fórmula de heterorresponsabilidad parece evidente que cualquier pronunciamiento condenatorio de las personas jurídicas habrá de estar basado en los principios irrenunciables que informan el derecho penal”, entre ellos, se debe entender el principio de culpabilidad.

Y, así, en esta última Sentencia del año 2019, y un poco en la línea del Voto particular emitido por 7 de los 15 magistrados en ala STS nº 154/2016, de 29 de febrero, el Tribunal Supremo se ha separado del modelo de autorresponsabilidad por cuanto que entiende que la empresa no es condenada por un (hoy inexistente) delito de omisión de programas de cumplimiento normativo o una cultura de respeto al Derecho; sino que para que sea condenada la persona jurídica es necesaria la comisión  de uno de los delitos que, previstos en la parte especial del Código Penal, operan como delito antecedente; de forma que la persona jurídica se le imputa el mismo delito que a la persona física, por cuanto que en el mismo participa a través de la omisión de las cautelas obligadas por su posición de garante legalmente establecidas. No se trata de una imputación independiente de la realizada contra la persona física, sino que tiene a ésta como base necesaria de las consecuencias penales que resultarían para la persona jurídica. A ésta le concierne pues, no solo lo relativo a si su organización contiene medidas de cumplimiento normativo, sino que también le afecta lo relativo a la prueba de los hechos ejecutados por las personas físicas, con todas las circunstancias que pudieran influir en la evitabilidad del delito antecedente, de forma que si bien se reconoce la posibilidad de enjuiciar separadamente a la persona jurídica, no debe ser excluida de la posibilidad de negar mediante su defensa la comisión del delito antecedente.

Parece por lo tanto que el Tribunal Supremo en esta última Sentencia, partiendo del sistema vicarial, lo modera, acercándose a lo que parte de la doctrina ha llamado modelo del hecho de conexión, donde ya no se está ante un sistema de transferencia automática de responsabilidad - propio del modelo vicarial - sino ante un sistema de atribución, que sería más respetuoso con el principio de culpabilidad, sin que ello suponga la inversión de la carga de la prueba en quien alega la concurrencia de una circunstancia atenuante y/o eximente.

Conclusiones

Pese a que, conforme se expone en la Exposición de Motivos de la L.O 1/2015, la voluntad del legislador ha sido la de disipar las dudas en cuanto al modelo de responsabilidad penal de la persona jurídica en el ordenamiento español, y se han establecido los requisitos que deben cumplir los programas de prevención de delitos, el Tribunal Supremo ha optado por aplicar unas veces el modelo vicarial, y otras el de autorresponsabilidad, con las distintas consecuencias que ello supone.  

En todo caso, sea cual sea el modelo de responsabilidad, y al margen de toda discusión doctrinal, es importante que las empresas tengan instaurado un sistema de cumplimiento normativo o sistema de compliance eficaz, no solo para que tengan una cultura de respeto al Derecho, que evite la comisión de un delito; sino para que se les pueda eximir de responsabilidad penal, en caso de que se haya cometido un delito en su seno. 

Para más información sobre el asesoramiento en la implantación de un sistema de compliance penal, puede ponerse en contacto con el Departamento de Penal – Económico de ILOCAD

Ver todas las noticias