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Novedades en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo

02.01.2019

Novedades en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo

La regulación de la prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo fue objeto de una profunda modificación en España con la aprobación de la Ley 10/2010, de 128 de abril. Norma que fue parcialmente modificada por la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; y con posterioridad, completada a través del Real Decreto 304/2014 que aprobaba el Reglamento de desarrollo de la Ley 10/2010.

Este conjunto normativo se ha visto modificado por el Decreto-Ley 11/2018, de 31 de agosto que, en materia de prevención de blanqueo, traspone la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo y por la que se deroga la Directiva 2005/60/CE del Parlamento y del Consejo. 

Uno de los aspectos a destacar es que este Decreto- Ley modifica el artículo 4 “Identificación del titular real” principalmente en el caso de los instrumentos jurídicos conocidos como los fideicomisos, el trust anglosajón y otros análogos. De forma que tendrán la consideración de titulares reales las siguientes personas: el fideicomitente; el fiduciario o fiduciarios; el protector si lo hubiera; los beneficiarios; y cualquier otra persona que ejerza, en el último término, el control del fideicomiso a través de la propiedad directa o indirecta o a través de otros medios.

Otro de los aspectos a destacar es la importancia que se da a los "whistleblowers", de forma que se establece la obligación por parte de los sujetos obligados de establecer un canal interno de denuncias, en el que se adopten las medidas adecuadas para mantener la confidencialidad sobre la identidad de los empleados, directivos o agentes que hayan realizado una comunicación a los órganos de control interno, de una operativa que presente indicios de estar relacionado con el blanqueo;  y, así mismo, se establece la obligación por parte de la autoridad y funcionarios de tomar aquellas medidas necesarias al objeto de proteger al "whistleblower" de cualquier amenaza o acción hostil sufrida, precisamente, por llevar a cabo esta comunicación.

Además de los aspectos mencionados que resultan, cuanto menos, interesantes, se introducen una serie de novedades que, en todo caso, precisan que por los sujetos obligados se revisen sus políticas y procedimientos internos en materia de prevención de blanqueo y financiación del terrorismo.

Para más información en cuanto a la revisión de las políticas y procedimientos internos en materia de prevención de blanqueo, pueden ponerse en contacto con:

Candela Estévez

Responsable del Departamento de Derecho Penal Económico.

Despacho ILOCAD

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